La criminalización de la inmigración irregular en Europa, por Ignacio Díaz de Aguilar

La Directiva de Retorno, aprobada el pasado 18 de junio, pretende "armonizar las condiciones de detención y expulsión de migrantes en situación administrativa irregular (1).
Fija el internamiento máximo de un migrante en 18 meses, lo que implica que ningún Estado puede establecer un plazo mayor, pero sí uno más reducido. Hay
que reconocer, en este sentido, que la Directiva supone un cierto avance en el caso de Estados que no ponían ningún límite al internamiento de extranjeros. Además, los que tienen plazos más cortos no están obligados a ampliarlos hasta el límite que establece la Directiva, lo que explica que políticos como el Presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, que la han apoyado, aseguren que no ha supuesto ningún perjuicio para los migrantes, sino beneficios para los que viven en Estados que carecían de plazo máximo de internamiento
Sin embargo, éste es el único aspecto favorable de una norma absolutamente regresiva. Su principal problema es que supone una apuesta política de enorme calado: la criminalización de la migración irregular. En la Unión Europea conviven dos sistemas de regulación del internamiento de extranjeros: uno, aplicado entre otros por Francia y España, que establece un plazo de internamiento en torno a un mes y durante el cual debe tramitarse la expulsión y documentar al migrante. El otro, en vigor en países como Holanda, Reino Unido o Alemania, tiene plazos de detención mucho más prolongados, superiores a un año o incluso ilimitados, y el sentido de la reclusión es coaccionar a los extranjeros para forzarles a abandonar el país por sus medios.
Este tipo de regulación se ha ido extendiendo a otras naciones europeas y representa una auténtica criminalización de la migración irregular al prever para estas personas el encarcelamiento por un periodo que en Europa está reservado a los condenados por delitos graves.

El sistema de detención prolongada con fines coactivos, que causa un enorme sufrimiento a personas que no han cometido ningún delito (se han dado numerosos casos de suicidio), contraviene el principio asentado desde hace siglos de que nadie puede ser detenido durante más de 72 horas si no es por la comisión de un delito. Además, se ha demostrado absolutamente ineficaz como medio para disminuir la migración irregular, puesto que es similar el número de expulsiones que llevan a cabo.

1 Como se sabe, en Europa conviven Estados con sistemas legales muy diferentes, por lo cual la Unión Europea se ha ido construyendo a partir de un gran
número de directivas, esto es, de normas que establecen unos mínimos obligatorios para los Estados. Cada uno de ellos puede incorporar las distintas directivas a su legislación nacional en un periodo de dos o tres años y de la forma en que desee
.

Ignacio Díaz de Aguilar es Presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)